VIOLENCIA DE GÉNERO: MÁS QUE UN SIMPLE FEMICIDIO
58 casos de femicidios han sido difundidos por los medios de comunicación, dando cuenta de la ineficiencia de la legislación vigente y la necesidad de acercarla más a la Ley Integral de violencia de género que se utiliza en Europa.
Por Damaris Torres y Natalia Sánchez
Maria A. Moraga Villegas, de 32 años, e Inés Villegas Villegas, de 67, fueron asesinadas por José Sandro Osores, conviviente y yerno de las respectivas mujeres, el pasado 13 de noviembre en la localidad de Chanco, Región del Maule. Con este doble homicidio, la cifra de los llamados “femicidios” asciende a 58 en lo que transcurre de 2007.
Durante todo este año hemos visto en los noticieros y periódicos como han aumentado progresivamente los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas masculinas. La desmedida violencia en cada caso ha sido lo destacado por los medios, quienes acuñaron estos homicidios bajo el nombre de femicidios. Los resultados en rating han sido maravillosos. Hoy, no existe persona que no esté al tanto del último femicidio, como se está al tanto de la última pelea en el estelar nocturno de tal canal o del último capítulo de la telenovela. Sin embargo, aún ningún medio se hace cargo de la raíz de este problema donde más de una mujer es asesinada cada semana y según estadísticas del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) alrededor de 70 mueren por año producto de la violencia.
En la mayoría de los países europeos ya se ha acuñado el término “violencia de género”, en una ley integral contra la agresión hacia las mujeres. En ella se busca asegurar la protección y la reinserción social de la víctima y por sobre todo, agrupar bajo la misma categoría todos los abusos hacia la mujer, sin diferenciar si se encuentra dentro o fuera del núcleo familiar.
En el contexto de aquella ley no se tendría porqué producir que un 65% de mujeres desistan del proceso; a pesar que actualmente la cobertura mediática ha provocado que una mayor cantidad de mujeres se atrevan a denunciar los abusos (triplicando las cifras este año).
Existen dos motivos principales que producen el abandono de la demanda; uno de ellos da referencia a lo engorroso del proceso que llevan a cabo los Tribunales de Familia, dando cuenta de lo deficiente del sistema y de la poca agilidad con que se realiza el juicio. El otro, trata simplemente de la decisión personal que cada mujer asume con su pareja.
Los Tribunales de Familia fueron creados el año 2004 con el fin de dar solución a la saturación en que se encontraban estas causas en los juzgados civiles. Con ello se crearon nuevas instalaciones que comenzaron a funcionar de lunes a sábado. No obstante, María Inés Cárdenas abogado del Juzgado de Familia de Pudahuel, comenta que “de las diez salas que posee esta nueva infraestructura, tan sólo se utilizan cinco o seis de ellas, debido a la carencia de jueces que presenta el Juzgado. Por lo tanto, esto ocasiona que los casos se tramiten más tiempo del debido, incluso sobrepasando los ocho meses para recién dar hora a una audiencia preparatoria.”
Por otro lado, gran parte de estas mujeres deciden desistir de sus denuncias aún antes de que sus causas pasen a juicio. Estas renuncias se deben mayoritariamente a la decisión de perdonar a sus agresores, ya sea porque dicen creer que sus parejas cambiarán de actitud o porque sólo deseaban asustarlos y no buscar una condena efectiva. Mas, la principal razón corresponde a la dependencia económica en la que se encuentran insertas.
La ley no las ampara
La actual Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) sólo acoge aquellos casos donde la agresión se efectúa por parte de los parientes directos, cuando existen hijos de por medio. El resto de los casos de abusos hacia las mujeres no son amparados. Por el contrario, los femicidios cometidos por amigos, novios, convivientes, etc., que no tengan hijos con la víctima, son considerados como simples homicidios y no como parricidios (asesinato cometido por algún integrante de la familia), que recibe una pena mayor.
Además, las medidas precautorias más extremas dictadas por el juez, como restringir o limitar la presencia del agresor en el hogar común, tienen un plazo de sesenta días hábiles, pudiendo ser aumentado a un máximo de 180 días en los casos más graves o urgentes. Esta cantidad de tiempo es insignificante ante la presencia de un agresor, pues no produce el resguardo necesario para tales casos.
Actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar las condiciones en las que se otorga la agravante de “maltrato habitual”. Este proyecto postula prescindir de una determinada periodicidad para considerar un maltrato como habitual, siendo como único requisito que la agresión sea reiterativa.
Si bien esto es un avance en materia legislativa, aún falta mucho por hacer. Es por eso que la principal razón que tienen las agrupaciones para la defensa de una ley integral contra la agresión a las mujeres es facilitar a las víctimas una recuperación que le permita integrarse a la sociedad y por sobre todo que ninguna mujer esté condicionada a cesar en una relación violenta por la dependencia económica que tenga del maltratador; además la ley de violencia de género contemplaría normas laborales que permitan la integración laboral en otras ciudades a aquellas mujeres que ante una situación de peligro se han visto obligas a dejar su domicilio y su trabajo.
Chile, en estos momentos, está siendo pionero a nivel nacional y sudamericano a través de una iniciativa del fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, quien está creando una nueva Unidad VIF Regional en la Fiscalía Regional Oriente de Santiago. Esta institución permitirá dar una atención preferencial a los casos de violencia de género al contar con una Unidad de Víctimas y Testigos de exclusiva dedicación a la agresión intrafamiliar. La medida se complementa además con la creación de partes policiales diferenciados, que permiten entregar información fundamental para las investigaciones de violencia intrafamiliar que no eran aportadas en los antecedentes de un parte normal. Se espera que esta incitativa pueda expandirse, con el tiempo, a todo el país.
58 casos de femicidios han sido difundidos por los medios de comunicación, dando cuenta de la ineficiencia de la legislación vigente y la necesidad de acercarla más a la Ley Integral de violencia de género que se utiliza en Europa.
Por Damaris Torres y Natalia Sánchez
Maria A. Moraga Villegas, de 32 años, e Inés Villegas Villegas, de 67, fueron asesinadas por José Sandro Osores, conviviente y yerno de las respectivas mujeres, el pasado 13 de noviembre en la localidad de Chanco, Región del Maule. Con este doble homicidio, la cifra de los llamados “femicidios” asciende a 58 en lo que transcurre de 2007.
Durante todo este año hemos visto en los noticieros y periódicos como han aumentado progresivamente los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas masculinas. La desmedida violencia en cada caso ha sido lo destacado por los medios, quienes acuñaron estos homicidios bajo el nombre de femicidios. Los resultados en rating han sido maravillosos. Hoy, no existe persona que no esté al tanto del último femicidio, como se está al tanto de la última pelea en el estelar nocturno de tal canal o del último capítulo de la telenovela. Sin embargo, aún ningún medio se hace cargo de la raíz de este problema donde más de una mujer es asesinada cada semana y según estadísticas del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) alrededor de 70 mueren por año producto de la violencia.
En la mayoría de los países europeos ya se ha acuñado el término “violencia de género”, en una ley integral contra la agresión hacia las mujeres. En ella se busca asegurar la protección y la reinserción social de la víctima y por sobre todo, agrupar bajo la misma categoría todos los abusos hacia la mujer, sin diferenciar si se encuentra dentro o fuera del núcleo familiar.
En el contexto de aquella ley no se tendría porqué producir que un 65% de mujeres desistan del proceso; a pesar que actualmente la cobertura mediática ha provocado que una mayor cantidad de mujeres se atrevan a denunciar los abusos (triplicando las cifras este año).
Existen dos motivos principales que producen el abandono de la demanda; uno de ellos da referencia a lo engorroso del proceso que llevan a cabo los Tribunales de Familia, dando cuenta de lo deficiente del sistema y de la poca agilidad con que se realiza el juicio. El otro, trata simplemente de la decisión personal que cada mujer asume con su pareja.
Los Tribunales de Familia fueron creados el año 2004 con el fin de dar solución a la saturación en que se encontraban estas causas en los juzgados civiles. Con ello se crearon nuevas instalaciones que comenzaron a funcionar de lunes a sábado. No obstante, María Inés Cárdenas abogado del Juzgado de Familia de Pudahuel, comenta que “de las diez salas que posee esta nueva infraestructura, tan sólo se utilizan cinco o seis de ellas, debido a la carencia de jueces que presenta el Juzgado. Por lo tanto, esto ocasiona que los casos se tramiten más tiempo del debido, incluso sobrepasando los ocho meses para recién dar hora a una audiencia preparatoria.”
Por otro lado, gran parte de estas mujeres deciden desistir de sus denuncias aún antes de que sus causas pasen a juicio. Estas renuncias se deben mayoritariamente a la decisión de perdonar a sus agresores, ya sea porque dicen creer que sus parejas cambiarán de actitud o porque sólo deseaban asustarlos y no buscar una condena efectiva. Mas, la principal razón corresponde a la dependencia económica en la que se encuentran insertas.
La ley no las ampara
La actual Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF) sólo acoge aquellos casos donde la agresión se efectúa por parte de los parientes directos, cuando existen hijos de por medio. El resto de los casos de abusos hacia las mujeres no son amparados. Por el contrario, los femicidios cometidos por amigos, novios, convivientes, etc., que no tengan hijos con la víctima, son considerados como simples homicidios y no como parricidios (asesinato cometido por algún integrante de la familia), que recibe una pena mayor.
Además, las medidas precautorias más extremas dictadas por el juez, como restringir o limitar la presencia del agresor en el hogar común, tienen un plazo de sesenta días hábiles, pudiendo ser aumentado a un máximo de 180 días en los casos más graves o urgentes. Esta cantidad de tiempo es insignificante ante la presencia de un agresor, pues no produce el resguardo necesario para tales casos.
Actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso que busca modificar las condiciones en las que se otorga la agravante de “maltrato habitual”. Este proyecto postula prescindir de una determinada periodicidad para considerar un maltrato como habitual, siendo como único requisito que la agresión sea reiterativa.
Si bien esto es un avance en materia legislativa, aún falta mucho por hacer. Es por eso que la principal razón que tienen las agrupaciones para la defensa de una ley integral contra la agresión a las mujeres es facilitar a las víctimas una recuperación que le permita integrarse a la sociedad y por sobre todo que ninguna mujer esté condicionada a cesar en una relación violenta por la dependencia económica que tenga del maltratador; además la ley de violencia de género contemplaría normas laborales que permitan la integración laboral en otras ciudades a aquellas mujeres que ante una situación de peligro se han visto obligas a dejar su domicilio y su trabajo.
Chile, en estos momentos, está siendo pionero a nivel nacional y sudamericano a través de una iniciativa del fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz, quien está creando una nueva Unidad VIF Regional en la Fiscalía Regional Oriente de Santiago. Esta institución permitirá dar una atención preferencial a los casos de violencia de género al contar con una Unidad de Víctimas y Testigos de exclusiva dedicación a la agresión intrafamiliar. La medida se complementa además con la creación de partes policiales diferenciados, que permiten entregar información fundamental para las investigaciones de violencia intrafamiliar que no eran aportadas en los antecedentes de un parte normal. Se espera que esta incitativa pueda expandirse, con el tiempo, a todo el país.
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